La muerte sin descendencia de Carlos II, el último de la dinastía austriaca, planteó un problema sucesorio que enfrentó a los dos pretendientes al trono, el francés Felipe de Anjou y el Archiduque Carlos de Austria, apoyado el primero por Francia y Castilla y el segundo por el resto de las potencias europeas, temerosas de una mayor hegemonía francesa sobre el continente, y los reinos de la Corona de Aragón. La situación provocó un conflicto internacional, la Guerra de Sucesión Española (1702-1713).
La Paz de Utrecht permitió a Felipe V acceder al trono español, a cambio de renunciar a sus derechos sobre la corona de Francia, a la pérdida definitiva por la corona española de las posesiones europeas y la entrega a Inglaterra de las plazas de Gibraltar y Menorca.
El acceso del Borbón al trono, con los reinos de Aragón derrotados, permitió a Felipe V aplicar una reforma político-administrativa del Estado de carácter centralista siguiendo el modelo francés que favoreciera el absolutismo monárquico. Con los Decretos de Nueva Planta desaparecían las instituciones (Cortes, Diputación, Justicia) y fueros de los reinos de la Corona de Aragón. Sólo los del País Vasco, Navarra y el Valle de Arán, fieles a la causa de Felipe, permanecerán.
Los Decretos establecen una administración que integra una única Hacienda, un Consejo de Castilla que actúa como gobierno del país, unas únicas Cortes del Reino, el uso del castellano como lengua de la administración, la extensión del derecho civil castellano (en el caso del derecho civil aragonés se mantienen algunos aspectos forales propios), una administración territorial homogénea que divide el reino en provincias, una moneda única, la extensión de la posibilidad de comerciar con América a puertos aragoneses y el libre acceso a cargos públicos por los ciudadanos de todo el estado sin distinción de origen geográfico.
Felipe V configura un Reino de España que permite la modernización del Estado y la creación de la nacionalidad jurídica española.
Inprímelo y llévalo a clase.
